El proyecto de ley, identificado como Expediente 4786-D-2026, fue presentado por los diputados Alejandra Torres, Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez. La iniciativa propone establecer un régimen integral para la tenencia de perros potencialmente peligrosos (PPP), con normas sobre registración, identificación, seguridad, responsabilidad civil y sanciones.

Registro, identificación y licencia

Uno de los ejes de la propuesta es la creación del Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (RENAPPP), que funcionaría de manera interoperable con las bases de datos provinciales y municipales.

El proyecto establece la identificación obligatoria de los animales mediante microchip subcutáneo homologado, que debería implantarse antes de los cuatro meses de edad o dentro de los 30 días posteriores a su adquisición.

Además, todo titular, poseedor o tenedor de un PPP debería obtener una Licencia Administrativa de Tenencia ante la jurisdicción correspondiente. Entre los requisitos previstos figuran ser mayor de edad, contar con un certificado de aptitud psicológica emitido por un profesional habilitado y no registrar determinados antecedentes penales.

Seguro y medidas de seguridad

La iniciativa establece también un seguro obligatorio de responsabilidad civil para propietarios o guardianes de PPP. La cobertura debería contemplar daños materiales y corporales, secuelas incapacitantes y muerte ocasionados a terceros por el animal.

En cuanto a las medidas preventivas, el proyecto dispone que los perros alcanzados por el régimen circulen en la vía pública con bozal y sujetos mediante una correa, cadena o pretal resistente e inextensible de una longitud máxima de 1,50 metros. También prohíbe que una misma persona pasee simultáneamente más de un ejemplar PPP.

Para los domicilios o predios donde permanezcan estos animales, establece requisitos específicos de cerramiento y mecanismos de seguridad destinados a evitar escapes.

Una clasificación que no se limita a la raza

El proyecto establece distintos criterios para determinar qué animales quedarían comprendidos en la categoría de perros potencialmente peligrosos.

Entre ellos contempla antecedentes de agresiones, ataques o mordeduras; el adiestramiento deliberado para ataque o defensa; determinadas características morfológicas; y las tipologías raciales que sean incorporadas mediante reglamentación.

El texto aclara expresamente que la clasificación no podrá fundarse exclusivamente en la pertenencia racial del animal y establece que la incorporación o modificación de razas o tipologías deberá sustentarse en informes técnicos del SENASA, con intervención de entidades especializadas.

Responsabilidad penal ante ataques

Otro de los aspectos centrales es la creación de un régimen penal específico complementario de la legislación penal de fondo.

El proyecto propone penas de tres a ocho años de prisión para determinados casos de homicidio culposo agravado cuando una persona cause la muerte de otra por imprudencia, negligencia, impericia en la guarda o incumplimiento de las obligaciones establecidas. La escala podría elevarse a cuatro a ocho años cuando concurran determinadas circunstancias agravantes.

También contempla lesiones culposas agravadas, con penas de uno a cuatro años de prisión, y un delito de peligro abstracto, con penas de seis meses a dos años, para determinados supuestos en los que un PPP sea dejado suelto en la vía pública o en lugares públicos sin las medidas de seguridad exigidas, aun cuando no se produzca una lesión.

Un régimen de alcance nacional

El proyecto establece que las disposiciones penales serían de aplicación en todo el territorio nacional, mientras que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios conservarían competencias administrativas vinculadas con las licencias, la fiscalización y las infracciones.

La iniciativa también prevé que las jurisdicciones locales puedan establecer requisitos y medidas de seguridad adicionales, siempre que sean compatibles con el régimen nacional.

El contexto en Córdoba

La presentación se produjo después de una serie de ataques graves registrados en Córdoba. El 4 de septiembre, dos niños de 2 años murieron en hechos ocurridos con pocas horas de diferencia: una niña tras ser atacada por dos dogos en la ciudad de Córdoba y un niño luego de ser atacado por un pitbull en Alta Gracia.

Ese día, medios locales contabilizaron 11 episodios graves por ataques de perros en la provincia durante 2026, entre hechos fatales y lesiones de consideración.

El proyecto deberá ser analizado por las comisiones de Legislación Penal, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados antes de avanzar en su tratamiento legislativo.