El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó una actualización del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal mediante la Resolución 592/2026, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Tal como se desprende del comunicado del SENASA, la principal modificación consiste en la eliminación de la obligación de que los establecimientos habilitados cuenten con un Director Técnico. Según explicó el organismo, la evolución del sistema oficial de control higiénico-sanitario y el fortalecimiento de las responsabilidades asignadas a los operadores de la cadena agroalimentaria hacen innecesario mantener ese requisito.

La medida actualiza el Reglamento aprobado por el Decreto 4238/68 y sus modificatorias, adecuándolo a los cambios registrados en los sistemas de fiscalización, la incorporación de nuevas tecnologías en la producción de alimentos y un modelo de control basado en la gestión del riesgo y la responsabilidad de los operadores.

Desde el SENASA señalaron que, en la actualidad, las garantías de inocuidad de los productos de origen animal se sustentan en un esquema integral que incluye la habilitación de establecimientos, la fiscalización oficial permanente, la implementación de procedimientos documentados, los sistemas de autocontrol y la responsabilidad primaria de quienes participan en la producción y comercialización.

La actualización también se alinea con los principios establecidos por la Ley N.º 27.233, que declara de interés nacional la sanidad y la calidad agroalimentaria y establece que los integrantes de la cadena agroalimentaria son los responsables directos de garantizar la sanidad, la inocuidad, la higiene y la calidad de los alimentos que producen.

El comunicado del SENASA concluye: "Con esta decisión el SENASA acompaña la modernización de los procesos de fiscalización implementados, contribuye a la simplificación del marco regulatorio, evita superposiciones normativas, armoniza el Reglamento con el marco jurídico vigente, mantiene las garantías de control e inocuidad que resguardan la salud pública y favorece el desarrollo de la producción y el comercio de productos de origen animal".