Por: Gustavo Iglesias, director de Vet Market

Las denuncias en Argentina sobre maltratos extremos y abusos hacia animales son un llamado de atención a nuestra conciencia como sociedad. Nos muestran que nuestras leyes se quedaron atrás. Mientras nosotros los sentimos parte de la familia, nuestro sistema legal sigue sin reconocer plenamente que los animales tienen dignidad. 

Recientemente, el reconocido médico veterinario Dr. Carlos Cossia hizo público un video -filmado en su clínica de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y publicado en una de sus redes sociales- donde se lo vio notable y lógicamente indignado ante un nuevo caso de abuso sexual de un hombre contra un perro. Los vecinos señalaron que el acusado ya tendría antecedentes de abuso sexual contra otros perros de la zona.

Dado que este tipo de hechos se repite desde hace años en distintas regiones del país, resulta inevitable preguntarse: ¿cómo puede ser que conductas de semejante gravedad sigan siendo juzgadas bajo una legislación redactada hace más de siete décadas, cuando la ciencia, la ética y la cultura social han avanzado de forma decisiva en el reconocimiento de los animales como seres sensibles?

La respuesta no es simple, pero el diagnóstico es claro: Argentina arrastra una deuda legal que ya no puede seguir postergando.

 

Una ley del siglo pasado para un problema del presente

La Ley 14.346, sancionada en 1954, fue pionera en su tiempo. Sin embargo, siete décadas después, esa misma norma se ha convertido en una barrera más que en una herramienta.

Las penas previstas —de quince días a un año de prisión— resultan irrisorias frente a hechos de extrema crueldad. En la práctica, casi ningún agresor cumple condena efectiva. La mayoría accede a probation, acuerdos alternativos o directamente a la excarcelación inmediata.

Pero el problema va más allá de la escala punitiva. La ley tampoco tipifica de forma específica conductas como el abuso sexual, lo que deja a fiscales y jueces atrapados en figuras genéricas de “maltrato” o “crueldad”, insuficientes para describir —y sancionar— la magnitud del daño. 

 

Del animal como cosa al animal como sujeto

En el fondo, el debate no es técnico sino filosófico y político. Durante siglos, los animales fueron concebidos jurídicamente como bienes: objetos como parte del patrimonio de una persona. Si alguien dañaba un animal, el perjuicio no recaía sobre el ser vivo sino sobre su dueño. La víctima, en términos legales, no era el animal, sino su propietario.

Ese paradigma hoy resulta insostenible. La ciencia ha demostrado de manera contundente que los animales sienten dolor, miedo, estrés, placer, apego y trauma. La etología, la neurobiología y la medicina veterinaria coinciden: estamos frente a seres con vida emocional y experiencia subjetiva.

Muchos países ya han traducido ese conocimiento en reformas legales. Francia –por ejemplo- modificó su Código Civil para reconocer a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad”. Alemania incorporó su protección en la Constitución. En América Latina, Colombia y Chile avanzaron en marcos normativos que reconocen derechos básicos a los animales y endurecen las penas por crueldad extrema. En sintonía con estos temas, Paraguay implementó el Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN), una plataforma diseñada para registrar a las personas que hayan sido condenadas o sancionadas por maltrato o crueldad animal. Su objetivo principal es fortalecer la protección animal y evitar la reincidencia de los agresores.

Argentina, en cambio, continúa atrapada en una categoría jurídica obsoleta. Aunque algunos fallos judiciales comenzaron a hablar de “seres sintientes” —como en los casos emblemáticos de la orangutana Sandra o la chimpancé Cecilia—, esos precedentes siguen siendo excepcionales, sin una traducción normativa clara y sistemática.

 

No es solo un problema animal, es un problema social

La violencia contra los animales rara vez es un hecho aislado. Diversos estudios en criminología y psicología han documentado lo que se conoce como la “teoría del vínculo” o “gradación de la violencia”: quienes ejercen crueldad severa contra animales presentan mayor probabilidad de cometer delitos contra personas, en especial contra niños, mujeres y adultos mayores.

No se trata de una hipótesis especulativa, sino de una evidencia empírica recogida en investigaciones internacionales y en experiencias judiciales concretas. El maltrato animal aparece con frecuencia como una señal temprana de violencia interpersonal, abuso doméstico o conductas antisociales graves.

Desde esta perspectiva, endurecer las penas y tipificar adecuadamente estos delitos no es solo una cuestión de compasión hacia los animales: es una herramienta de protección social.

 

El Estado frente a su responsabilidad

En una democracia, el derecho penal no solo cumple una función sancionatoria; también expresa valores colectivos. Define qué conductas son intolerables, qué daños merecen reproche público y qué bienes merecen protección prioritaria.

Hoy, el Código Penal argentino protege la vida, la integridad física, la libertad sexual, la propiedad, el honor. Pero no protege de forma directa a los animales como víctimas. Los menciona de manera tangencial, subordinados a otros bienes jurídicos, como si su sufrimiento fuera siempre secundario.

Esta omisión no es neutra. Envía un mensaje cultural poderoso: hay vidas que importan menos. Hay dolores que pesan menos. Hay violencias que pueden relativizarse.

Actualizar la legislación no implica humanizar a los animales ni equipararlos a las personas en todos los planos. Implica, simplemente, reconocer que son seres vulnerables, dependientes de los humanos, y por eso merecedores de protección jurídica directa frente a la crueldad, el abuso y la explotación extrema.

 

Qué debería cambiar una nueva ley

Las organizaciones especializadas en derecho animal, junto con sectores académicos y judiciales, vienen proponiendo desde hace años una reforma integral. Los ejes centrales suelen coincidir:

1. Reconocimiento expreso de los animales como seres sintientes.
Este cambio simbólico tiene consecuencias prácticas: habilita una interpretación judicial centrada en el daño sufrido por el animal, y no solo en el perjuicio a terceros.

2. Tipificación específica de delitos graves.
El abuso sexual, la tortura, la muerte con ensañamiento y la crueldad extrema deben estar claramente definidos como figuras autónomas, sin depender de categorías genéricas.

3. Agravamiento de penas y cumplimiento efectivo.
Las sanciones deben ser proporcionales al daño causado y lo suficientemente severas como para funcionar como disuasión real. La impunidad sistemática erosiona la confianza en la Justicia.

4. Medidas complementarias.
Inhabilitación para la tenencia de animales, obligatoriedad de tratamientos psicológicos en casos graves, registros de agresores y protocolos de intervención temprana son herramientas ya implementadas en otros países con resultados positivos.

5. Enfoque preventivo.
La ley debe articularse con políticas educativas, campañas de concientización y programas comunitarios que promuevan una cultura de respeto hacia los animales desde la infancia.

No se trata de endurecer el sistema penal por reflejo punitivista, sino de construir un marco coherente que proteja a las víctimas y prevenga daños futuros.

 

Una discusión que interpela a la cultura

El debate sobre la dignidad animal no es exclusivamente jurídico. Es cultural. Obliga a revisar prácticas arraigadas, discursos naturalizados y jerarquías históricas entre especies. Obliga, también, a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser.

En Argentina, el vínculo con los animales es ambivalente. Por un lado, millones de personas consideran a sus perros y gatos parte de la familia e incluso como hijos. Por otro, persisten formas de violencia normalizada: abandono, explotación reproductiva, hacinamiento, negligencia sanitaria, prácticas crueles legitimadas por la tradición o el entretenimiento.

Esa contradicción convive con un sistema legal que no termina de decidir si los animales son objetos, bienes semovientes o sujetos merecedores de tutela directa. La consecuencia es un terreno gris donde la crueldad encuentra resquicios.

Avanzar hacia una legislación más justa no implica negar la complejidad de las relaciones humano-animales, ni desconocer tensiones productivas, culturales o económicas. Implica, sí, establecer un piso ético mínimo: ningún ser vivo debe ser sometido a sufrimiento extremo, abuso sexual o tortura sin una respuesta estatal contundente.

 

El rol de la Justicia y las fuerzas de seguridad

Incluso dentro del marco legal actual, la respuesta institucional suele ser errática. Muchas denuncias no prosperan por falta de capacitación específica, desconocimiento de protocolos o subestimación de la gravedad de los hechos. En algunos casos, las fuerzas de seguridad desestiman situaciones de maltrato como “conflictos vecinales” o “problemas privados”, cuando en realidad se trata de delitos penales.

Una reforma legislativa debería ir acompañada de formación obligatoria para operadores judiciales, fuerzas policiales y funcionarios públicos. La violencia contra los animales no puede seguir siendo tratada como un asunto menor.

 

Una deuda democrática

En la historia argentina, muchas conquistas —como el voto femenino— encontraron resistencias culturales, políticas y jurídicas. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que esas ampliaciones no debilitaban la sociedad: la fortalecían.

Reconocer la dignidad animal no implica relativizar los derechos humanos, sino profundizarlos. Una sociedad que naturaliza la crueldad hacia los más vulnerables, sean humanos o no humanos, erosiona sus propios cimientos éticos.

Por eso, esta discusión no es marginal ni sectorial. No es un tema exclusivo de veterinarios, rescatistas o activistas. Es una cuestión de justicia, de salud pública, de convivencia social, de calidad democrática.

El Congreso tiene hoy la posibilidad —y la responsabilidad— de saldar una deuda histórica. No se trata de responder a una moda ni a una ola de indignación pasajera, sino de actualizar el pacto social a la luz del conocimiento científico, los estándares internacionales y la sensibilidad contemporánea.

 

Más allá de la ley: el desafío cultural

Ninguna reforma normativa será suficiente si no va acompañada de un cambio cultural profundo. La violencia contra los animales no nace en el vacío: se aprende, se tolera, se naturaliza. Combatirla exige políticas educativas sostenidas, desde la escuela hasta los medios de comunicación, que promuevan la empatía, el cuidado y la responsabilidad.

El desafío es construir una ética pública que reconozca que la dignidad no es un privilegio exclusivo de nuestra especie, sino un principio que se expande allí donde hay capacidad de sentir, de sufrir, de vivir.

 

El tiempo de decidir

Cada caso de maltrato extremo que sale a la luz no es solo una tragedia individual: es una señal de alarma colectiva. Nos recuerda que hay zonas de nuestra legalidad que quedaron congeladas en otra época, desconectadas de los valores que hoy decimos sostener.

No basta con rescatar animales, ni con viralizar denuncias, ni con indignarse en redes. Sin una respuesta institucional firme, todo queda reducido a gestos simbólicos que no modifican las estructuras que permiten la violencia.

La dignidad animal no es un lujo moral ni una causa secundaria. Es una prueba de madurez democrática. Es la medida de hasta dónde llega nuestra idea de justicia.

Argentina tiene hoy la oportunidad de dar un paso histórico. La deuda está a la vista. El tiempo de saldarla es ahora.

 

 

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