El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la condena a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo impuesta al exintendente de Deán Funes, Germán Darío Facchín, por su participación como instigador en el envenenamiento masivo de animales ocurrido en esa ciudad en abril de 2013. La resolución rechazó los recursos de casación presentados por las defensas y ratificó la sentencia dictada en 2022.

De acuerdo con lo establecido en el proceso judicial, durante la madrugada del 28 de abril de 2013 se distribuyeron en distintos sectores de Deán Funes cebos preparados con carne y metomil, un insecticida de elevada toxicidad. La investigación determinó que fueron utilizados vehículos y personal municipal y que el episodio provocó la muerte de al menos 211 animales, principalmente perros, aunque también fueron afectados gatos, aves y gallinas.

La Cámara 8.ª del Crimen había condenado en 2022 a Facchín como instigador penalmente responsable de los delitos de daño calificado e infracción a la Ley 14.346, que sanciona los malos tratos y actos de crueldad contra los animales. Cinco empleados municipales fueron condenados como coautores materiales a tres años de prisión en suspenso.

Uno de los aspectos relevantes del proceso fue el análisis de la protección que brinda la Ley 14.346. En la sentencia de 2022, el tribunal consideró que la norma protege la integridad física y psíquica de los animales frente al maltrato y la crueldad.

La confirmación del TSJ representa un nuevo paso en una causa iniciada hace más de 13 años y mantiene vigente la condena de cuatro años de prisión para el exfuncionario. Las informaciones publicadas tras el fallo señalan que la defensa todavía podría intentar vías extraordinarias de revisión, por lo que corresponde distinguir entre la confirmación de la condena por el máximo tribunal provincial y la efectiva ejecución de la pena.

El caso vuelve a poner en primer plano el alcance de la legislación penal argentina frente a hechos de crueldad animal y el papel que pueden desempeñar los tribunales cuando las acciones que afectan a animales son realizadas desde estructuras institucionales.