martes 24 de marzo de 2026 - Edición Nº2581

Divulgación | 24 de marzo

Resolución 233/2026

SENASA elimina habilitaciones locales y simplifica trámites

El organismo suprimió la exigencia de presentar habilitaciones municipales y provinciales para gestionar trámites. La medida apunta a reducir la carga administrativa sin afectar el cumplimiento de las normativas sanitarias y de seguridad vigentes.


El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó la Resolución 233/2026, mediante la cual elimina la exigencia de presentar habilitaciones municipales y/o provinciales como requisito previo para gestionar trámites ante el organismo.

La normativa se inscribe en el proceso de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de reducir cargas burocráticas y costos innecesarios para los actores del sector productivo, incluidos establecimientos y profesionales vinculados al ámbito veterinario.

A diferencia de normativas anteriores centradas en procedimientos específicos, la nueva disposición adopta un enfoque amplio que alcanza a múltiples registros y habilitaciones bajo competencia nacional. En este marco, el SENASA busca evitar la duplicación de documentación y facilitar la estandarización de trámites.

Desde el organismo remarcaron que la adecuación normativa delimita con mayor precisión su ámbito de intervención, circunscribiendo las habilitaciones a sus competencias sanitarias específicas. De este modo, se procura evitar superposiciones con exigencias propias de jurisdicciones provinciales o municipales.

No obstante, la resolución aclara que la simplificación administrativa no implica una exención del cumplimiento de normativas locales. Los establecimientos y operadores deberán continuar respetando las disposiciones vigentes en materia de seguridad, higiene, salubridad y uso del suelo.

En términos prácticos, la medida elimina la obligación de presentar esa documentación ante el SENASA, pero mantiene intacta la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria de cumplir con la legislación local correspondiente.

Con esta iniciativa, el organismo refuerza el principio de responsabilidad primaria de productores y empresas en garantizar la sanidad e inocuidad de sus productos, al tiempo que busca dinamizar los procesos administrativos vinculados a la producción y el comercio.

 

 


 

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