El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) elevó una carta abierta al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, en la que expresa la profunda preocupación de la institución y de la comunidad veterinaria ante la ausencia de respuestas judiciales concretas frente a dos problemáticas que se han agravado en los últimos años: el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la realización de castraciones masivas clandestinas.

Según detalla el documento, ambas prácticas se han incrementado de manera alarmante en distintas localidades de la provincia, pese a las numerosas denuncias presentadas ante fiscalías competentes y al volumen de evidencia aportada en cada caso. Sin embargo, los procesos judiciales no han mostrado avances significativos, lo que, a criterio del Colegio, favorece la continuidad de actividades ilegales con impacto directo en la salud pública y el bienestar animal.

Ejercicio ilegal: una amenaza persistente

El CVPBA advierte que continúan registrándose casos de atención de animales por parte de personas sin título habilitante, muchas veces vinculados a la proliferación de cursos informales de supuestos “auxiliares veterinarios”. Estas intervenciones no solo constituyen un delito, sino que también provocan daños a los animales y exponen a la comunidad a riesgos sanitarios evitables.

En los últimos años se han presentado alrededor de veinte denuncias debidamente documentadas por ejercicio ilegal de la profesión. No obstante, la falta de impulso procesal y de respuestas eficientes por parte de las fiscalías intervinientes ha impedido frenar estas prácticas, que afectan tanto al ejercicio profesional como a la salud pública en general.

Castraciones clandestinas y vulneración del bienestar animal

La carta también pone el foco en la realización de castraciones masivas en espacios no habilitados, como domicilios particulares, centros comunitarios y jardines de infantes. Estas actividades, organizadas en muchos casos por asociaciones proteccionistas, transgreden la normativa vigente y someten a los animales a condiciones inadecuadas, con consecuencias que incluyen daños irreversibles y muertes evitables.

Si bien los Inspectores Honorarios —creados mediante convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario— realizan tareas de fiscalización, el CVPBA señala que la falta de acompañamiento de fuerzas de seguridad en algunos operativos ha derivado en situaciones de hostilidad que ponen en riesgo la integridad física de quienes cumplen funciones de control.

Pedido de intervención judicial efectiva

En el escrito dirigido al Procurador General, el Colegio reafirma su voluntad de trabajar de manera articulada con el Ministerio Público para lograr intervenciones rápidas y eficaces que desalienten estas prácticas ilegales. Asimismo, solicita que las fiscalías otorguen a las denuncias el tratamiento que la normativa exige y que la gravedad de la problemática amerita, a fin de garantizar procedimientos adecuados y evitar que estas conductas continúen replicándose sin consecuencias.

El presidente del CVPBA, MV Osvaldo Rinaldi, reiteró su plena disposición para avanzar en las acciones que el Procurador General considere necesarias, con el objetivo de alcanzar soluciones concretas y duraderas que protejan la salud pública, el bienestar animal y el correcto ejercicio de la profesión veterinaria en la Provincia de Buenos Aires.