El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Chivilcoy aprobó ayer, jueves 28 de noviembre, la ordenanza que establece el "Protocolo de Actuación ante el Maltrato Animal". La normativa, que había sufrido reveses en comisiones previas por inconsistencias técnicas, finalmente logró consenso al delimitar con claridad las competencias de los veterinarios municipales y las fuerzas de seguridad.

Para la comunidad veterinaria, esta ordenanza es relevante porque formaliza el circuito de rescate, otorgando marco legal y protección a los profesionales que actúan en el sector público, quienes muchas veces quedaban expuestos en "zonas grises" de las normativas al intervenir en propiedades privadas.

El rol técnico de CAZMA y el fin de la confusión legal

Uno de los puntos más discutidos durante el tratamiento legislativo fue la figura de la "policía ecológica". La versión final aprobada eliminó este concepto para evitar conflictos de competencia.

El protocolo ratifica que la Dirección de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente (CAZMA) es la autoridad de aplicación técnica, pero carece de poder de policía para allanamientos.

Puntos clave para el profesional veterinario:

- Intervención bajo orden judicial: Los veterinarios municipales no ingresarán a domicilios particulares sin una orden judicial previa o la presencia de fuerzas policiales que garanticen la seguridad del operativo.

- Logística y Resguardo: El municipio queda obligado a proveer la logística (transporte y jaulas) y el espacio físico para el resguardo de los animales incautados, quitando esa carga exclusiva a las ONGs o a los particulares.

- Constatación de Salud: El protocolo pone en el centro el informe veterinario. La Justicia dependerá del dictamen técnico de los profesionales de CAZMA para tipificar el maltrato bajo la Ley Nacional 14.346.

El nuevo circuito de denuncia

La normativa busca terminar con la burocracia que a menudo dejaba a los animales en riesgo durante días. El circuito oficial establecido es:

- Denuncia: El particular radica la denuncia penal (Comisaría o Fiscalía).

- Activación Judicial: La Justicia ordena la constatación del estado del animal.

- Actuación Veterinaria: CAZMA despliega a sus profesionales para el examen clínico in situ, la estabilización y el traslado del animal.

Declaraciones y vigencia

Desde el recinto, se aclaró que esta norma “viene a cubrir un vacío operativo, no penal”. Para los veterinarios de la zona, esto implica una mayor demanda de peritajes y una colaboración más estrecha con las fiscalías locales.

La ordenanza ya es oficial y se espera su promulgación por parte del Ejecutivo en las próximas horas.