Miles de especies diferentes de la fauna silvestres se incautan cada año. No solo mamíferos, sino también reptiles, corales, aves y peces. 

La actual pandemia de COVID-19 y sus intensas consecuencias sobre la vida humana y la economía han ilustrado el impacto global de las enfermedades zoonóticas, para las cuales el comercio legal e ilegal de vida silvestre es un vector importante, señala el informe.

Las interacciones de animal a humano, cada vez más frecuentes, incrementan la probabilidad de transmisión de patógenos entre ambas especies, y la vida silvestre conseguida de manera ilegal está al margen de cualquier control sanitario y expone a los humanos a la transmisión de nuevos virus.

Las enfermedades zoonóticas representan hasta el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes e incluyen el SARS-CoV-2 que causó la pandemia de COVID-19.

Sin interferencia humana a través de la captura, sacrificio, venta, tráfico, comercio y consumo de vida silvestre, la evolución y transmisión del coronavirus que causa el COVID-19 habría sido altamente improbable, asegura el informe.

La problemática del tráfico ilegal de especies silvestres se debe a la demanda y a la debilidad que muchos países tienen en sus legislaciones.

Al igual que muchos otros mercados, el comercio de la vida silvestre se está moviendo en línea. La venta de reptiles como mascota se ve cada vez más en las redes sociales, y los delincuentes cambian rápidamente de plataforma cuando son descubiertos.

Los expertos del informe aseguran que se trata de un comercio particularmente difícil de abordar debido a su naturaleza oculta, los marcos regulatorios y limitados e inconsistentes y las pocas capacidades especializadas de aplicación de la ley.

El informe recuerda que los delitos contra la vida silvestre son graves y ningún país es inmune a estos crímenes que afectan la biodiversidad, la salud humana, la seguridad nacional, el desarrollo socioeconómico, y les llenan los bolsillos a los delincuentes.

Se necesita un mayor compromiso político y cooperación entre países para interrumpir a las organizaciones criminales. Además de establecer el tráfico ilícito de especies protegidas como un delito grave dentro de la legislación de cada país, el comercio ilegal podría ser más controlado si los Estados consideran prohibir la entrada, salida y posesión de productos conseguidos ilegalmente en cualquier otro lugar del mundo.

(Con información de la ONU)