El pasado 25 de febrero, el Congreso de Colombia aprobó -de manera unánime- un nuevo marco legal para combatir el maltrato animal a través de la "Ley Ángel". Ahora, resta que el texto de la ley sea conciliado entre la Cámara de Representantes y el Senado antes de ser sancionado por el presidente Gustavo Petro. Una vez promulgada, esta normativa representará un cambio significativo en la manera en que Colombia aborda la protección animal, estableciendo un marco legal robusto para prevenir y sancionar la violencia contra los animales.

Esta nueva normativa, que introduce medidas penales, de control policial y educativas, recibe su nombre en honor a un perro llamado "Ángel", que fue cruelmente despellejado vivo en octubre de 2021, en el municipio de Saboyá, Boyacá.

La normativa, impulsada por la senadora Andrea Padilla, establece penas más severas para quienes cometan actos de crueldad, como el maltrato grave o abuso sexual hacia animales, con penas de hasta tres años de prisión y multas económicas de hasta 60 salarios mínimos.

Senadora Andrea Padilla. Foto: Senado de Colombia

Esta ley introduce medidas penales, policivas y pedagógicas que buscan garantizar la protección y el bienestar de los animales en todo el territorio nacional.

La normativa introduce nuevos agravantes para los delitos contra los animales. Entre ellos, se incluyen la violencia vicaria, que se refiere al uso de un animal como medio para causar daño emocional a otra persona, la difusión de pornografía o escenas de violencia animal, y la agresión a animales en el contexto de actividades económicas. También se sancionará la mutilación de animales, entre otras conductas.

De igual modo, la ley contempla penas accesorias, como la prohibición de tener animales durante un período que puede extenderse hasta el doble de la pena principal. Asimismo, se establece la inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales, lo que busca evitar que los condenados puedan reincidir en sus conductas. También se creará un registro de personas condenadas por delitos contra los animales, el cual estará a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Otro aspecto innovador de la Ley Ángel es la obligación de la Fiscalía de desarrollar guías técnicas forenses que permitan a cualquier médico veterinario del país emitir dictámenes periciales que sirvan como prueba en los procesos judiciales. Esto responde a una problemática actual, ya que muchos casos de maltrato animal no prosperan debido a la falta de soporte técnico adecuado.

En el ámbito policivo, la Ley Ángel habilita a la Policía Nacional para ingresar a domicilios cuando exista evidencia clara de que la vida de un animal está en peligro inminente. Esta medida busca garantizar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia, donde la intervención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del animal.

Además, la normativa exige la creación de una ruta nacional de atención al maltrato animal, que deberá estar disponible en todos los municipios del país. Esta ruta incluirá también un protocolo específico para atender a animales que hayan sido víctimas del conflicto armado, un enfoque novedoso que reconoce el impacto de la violencia en el contexto del conflicto colombiano.

La ley también establece un procedimiento sancionatorio para casos de maltrato animal que no constituyan delito, con el objetivo de agilizar los procesos y aplicar sanciones de manera más eficiente. Asimismo, se sancionará el abandono de animales, una problemática que afecta a miles de ellos en el país.

En el ámbito educativo, la Ley Ángel busca generar un cambio cultural a través de la sensibilización y capacitación de los operadores de justicia. Fiscales, jueces, inspectores de policía y personeros municipales y distritales deberán recibir formación obligatoria en temas de protección animal. Esta medida tiene como objetivo garantizar que quienes administran justicia cuenten con las herramientas necesarias para abordar los casos de maltrato animal de manera adecuada.

Por otro lado, la normativa incluye la posibilidad de que quienes cometan actos de maltrato leve puedan cumplir su sanción asistiendo a cursos sobre protección animal. Esta disposición busca fomentar la educación y la reflexión como una forma de prevenir futuras conductas violentas hacia los animales.